Una jubilada instala su residencia oficial en el desierto marroquí y la Seguridad Social le exige devolver 32.857 euros tras contabilizar 680 puestas de sol
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la extinción de la pensión no contributiva de una mujer que pasó 680 días en Marruecos entre 2018 y 2021, superando el límite de 90 días anuales. La Administración reclama 32.857,20 euros.
Una mujer de 77 años ha convertido su rutina en un pulso administrativo: entre 2018 y 2021 pasó 680 días en Marruecos sin comunicar su cambio de residencia a la Generalitat, que ahora le exige devolver 32.857,20 euros de su pensión no contributiva. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la extinción de la prestación y establece que ni la pandemia ni el cierre de fronteras justifican la totalidad de las ausencias.
El Departamento de Derechos Sociales ha activado un protocolo de verificación que incluye el recuento de puestas de sol desde el Estrecho. Según fuentes del departamento, «cada atardecer fuera de España computa como una infracción leve, y a partir del tercer año consecutivo el expediente se convierte en un atlas». La pensionista alegó que en 2020 permaneció 260 días en Marruecos por las restricciones sanitarias, pero el tribunal consideró que existían corredores humanitarios para regresar a su domicilio de residencia.
La Generalitat ha instalado una oficina móvil en la frontera de Beni Enzar para que los pensionistas puedan sellar su presencia física cada 89 días. La medida ha generado colas de jubilados que cruzan a pie para tomar un café y regresar antes del mediodía, mientras la Administración estudia ampliar el sistema a las pensiones contributivas. «No se trata de impedir viajar, sino de que el viaje no se convierta en una mudanza encubierta», ha declarado un portavoz.
El caso sienta precedente: a partir de ahora, los beneficiarios de pensiones no contributivas deberán notificar cada ausencia superior a 90 días y justificar la residencia efectiva con recibos de luz, testigos vecinales o fotografías con periódicos locales. La mujer, que cobraba 604 euros mensuales, tendrá que devolver la cantidad en un plazo que aún no se ha hecho público.
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