Sánchez moviliza a 4.000 funcionarios para entregar el decreto de vivienda en mano a Maricarmen antes del martes
El presidente del Gobierno despliega un operativo de emergencia nacional para que el Real Decreto Ley de Vivienda llegue físicamente a Maricarmen antes de la reunión del Consejo de Ministros, con funcionarios recorriendo España puerta a puerta.
El Gobierno ha activado un dispositivo de emergencia nacional que moviliza a más de 4.000 funcionarios de la Administración General del Estado para localizar a Maricarmen y entregarle personalmente el Real Decreto Ley de Vivienda antes de la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes. Los empleados públicos, organizados en turnos de doce horas, recorren desde primera hora de la mañana portales, plazas y mercadillos de todo el país con copias del texto impresas en papel de estraza para que la ciudadana pueda leerlo antes de que el Ejecutivo lo apruebe.
El operativo, coordinado desde un centro de mando instalado en el Ministerio de Transportes, ha obligado a habilitar tres líneas ferroviarias exclusivas para el traslado de funcionarios hacia los barrios donde se han registrado más avisos vecinales. Cada funcionario porta una carpeta con el decreto y una fotografía de Maricarmen facilitada por sus vecinos, y tiene instrucciones de no regresar a su puesto hasta haber llamado a todas las puertas de la escalera asignada.
«Trabajamos contrarreloj porque Maricarmen pidió el decreto para el martes y el martes lo tendrá, aunque tengamos que leerlo en voz alta en su rellano», ha declarado un alto cargo del Ministerio de Vivienda durante la presentación del dispositivo. «Si es necesario, el Consejo de Ministros se celebrará en el portal de Maricarmen para que ella compruebe que se aprueba delante de sus vecinos», ha añadido.
Los ayuntamientos han empezado a recibir instrucciones para habilitar puntos de lectura pública del decreto en bibliotecas y centros de mayores, y varias comunidades autónomas han solicitado refuerzos porque sus funcionarios no dan abasto. El Gobierno estudia ampliar el operativo a los millones de españoles que sufren la crisis de vivienda, lo que podría paralizar la Administración durante semanas.
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